Tomar represalias contra un trabajador indocumentado que denuncia actividades ilegales no se tolera en California

El 5 de octubre, 2013, Gobernador Brown firmó para ratificar SB 666 (Steinberg). SB 666 hace lo siguiente:

La ley sujeta a disciplina a cualquier abogado que reporte o amenace reportar el sospechado estatus migratorio de un testigo o una parte a una acción civil o administrativa, o el estatus de un familiar, a una agencia federal, estatal o local porque el testigo o parte ejerce o ha ejercido un derecho relacionado a su empleo. También sujeta a ciertos profesionales y negocios licenciados a la suspensión o revocación de sus licencias si el Comisionado laboral o un tribunal determina que han violado ciertas provisiones de la ley de California.

La ley también anula MacDonald v. State of California (discutido aquí), en que la Corte apelativa falló que un empleado tiene que agotar los remedios administrativos establecidos en la sección 98.7 del Código laboral antes de llevar a cabo reclamaciones civiles por daños de descarga por represalia o terminación injusta en violación de la sección 1102.5 del Código laboral y descarga discriminatoria o por represalias en violación de la sección 6310 del Código laboral.

Igual de importancia, la nueva ley aclara que un empleador que tome represalias o cualquier otra acción adversa contra cualquier empleado o candidato al empleo porque él o ella se ha involucrado en conducta protegida podría ser sujeto a una pena civil de hasta $10.000 por violación.

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